La legislación es clave para garantizar que los consumidores y las empresas de la UE no se vean involucradas en abusos de los derechos humanos, y ayuden a su prevención. Por eso, es preocupante que los avances en el Consejo sobre el Reglamento para prohibir en el mercado de la UE los productos realizados con trabajo forzoso hayan sido limitados hasta la fecha.